Es tan injusto, valóralo tú mism@
1. La abstención es un modo de queja que decide no participar por no apoyar no sólo a ninguna candidatura, sino tampoco al propio sistema. Podría tener mucha repercusión, puesto que una alta abstención arrebataría la “legitimidad” del partido electo para gobernar por carecer de “representatividad”.
2. El voto nulo es un voto no válido que no contabiliza. De esta manera, no cuentan en el total de votos, pero al contrario que la abstención, sí muestra la intención de querer ejercer el derecho a voto. Su ambigüedad está en que se mezclan tanto los que reflejan una queja intencional con respecto a la oferta electoral como los que son nulos por equivocación del votante.
3. El voto en blanco es también un voto válido que no contabiliza, pues en el reparto de escaños no se dejan X vacíos en proporción a este número de votos. El que lo utiliza busca expresar su disconformidad con la “oferta electoral” concreta. El problema que conllevan es que, en el recuento, perjudican a las minorías, pues eleva el 3% sobre el “total de votos” necesario para aspirar a escaño. A más votos de este tipo, más alto 3% y, por tanto, menos minoritarios tienen la posibilidad de aspirar al reparto de escaños.
4. Voto a minoritarios: dado nuestro sistema electoral, basado en el sistema D’Hondt de recuento, en una circunscripción de voto provincial y en ese 3% de los que ya se ha hablado, si no se vota masivamente al mismo minoritario en la misma provincia, hay poco que hacer.
La propuesta alternativa a una reforma de la ley electoral podría ser:
1. Circunscripción estatal del voto: que los votos dirigidos a un partido cuenten a nivel nacional, y no provincial. De esta manera, se estabiliza el sistema no favoreciendo tan exageradamente a partidos locales y mayoritarios.
2. Eliminar el porcentaje mínimo de votos necesario: refleja una cifra totalmente aleatoria, cerrando las puertas a la pluralidad política.
3. Reparto de escaños por sistemas de “resto mayor” (http://cort.as/0bQb): existen métodos alternativos al sistema D’Hondt que resultan más proporcionales, y que están siendo aplicados en otros países (no es sólo “teoría”), como el cociente Droop (http://cort.as/0bQd), el cociente Hare (http://cort.as/0bQe) o el Imperiali (http://cort.as/0bQf).
4. Voto a listas abiertas, de manera que se reste poder al partido político, siendo el propio ciudadano el que elige al presidente y a los congresistas, al estilo de como actualmente se hace en las elecciones del senado.
¿Qué hacemos entonces?
Parece que quedan pocas opciones para producir el cambio: o se consigue cambiar el voto de 21 millones de personas que votaron a los partidos mayoritarios (PSOE-PP) en 2008, o se apuesta por cambiar la ley electoral.
La reforma de la Ley electoral
Según el artículo 87 de la Constitución, la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado. En este sentido, la opinión de nuestros partidos políticos mayoritarios y autonómicos/nacionalistas es clara: “El sistema ha dado estabilidad y ha garantizado la gobernabilidad y el pluralismo político” (el Congreso cierra así el debate de la reforma electoral en 2010: http://cort.as/0bGz).
Para reformar la ley, por tanto, sólo queda la iniciativa ciudadana. El apartado 3 del artículo 87 de la Constitución dicta y defiende la posibilidad de una “iniciativa legislativa popular“. Dicho claramente: las famosas recogidas de firmas. En esa ley quedan establecidas las condiciones de dichas recogidas de firmas: se deben conseguir un mínimo de 500.000 firmas en 9 meses a partir de la presentación del proyecto ante la Mesa del Congreso de los Diputados y hasta su aprobación.
La iniciativa legislativa popular conllevaría la presentación del proyecto de reforma directamente a votación en Congreso y Senado. Sin embargo, una vez llevado a votación, bastaría que los partidos mayoritarios votaran en contra para volver a bloquear el intento ciudadano. Sólo una recogida de firmas muy masiva podría hacerles dudar ante el miedo de perder a muchos votantes.
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